La Unión Europea (UE) está revolucionando el panorama de la inteligencia artificial (IA) con la introducción de la primera ley integral sobre este tema a nivel mundial. Conocida como la Ley de Inteligencia Artificial, esta regulación busca optimizar el desarrollo y la utilización de esta tecnología innovadora como parte de la estrategia digital de la UE.
Las posibilidades que ofrece la IA son infinitas y abarcan desde mejoras significativas en el sector sanitario hasta un transporte más seguro y respetuoso con el medio ambiente, pasando por una fabricación más eficiente y una energía más asequible y sostenible.
En abril de 2021, la Comisión de la UE presentó un marco regulatorio pionero para la IA. Según esta propuesta, los sistemas de IA utilizados en diferentes aplicaciones serán analizados y clasificados en función del riesgo que puedan representar para los usuarios. Esta clasificación determinará el nivel de regulación que se les aplicará. Una vez aprobadas, estas normas serán las primeras en su tipo en todo el mundo.
El Parlamento de la UE ha establecido una serie de requisitos fundamentales que deben incluirse en la legislación sobre IA. Su principal prioridad es garantizar que los sistemas de IA utilizados en la UE sean seguros, transparentes, trazables, no discriminatorios y respetuosos con el medio ambiente. Para evitar consecuencias negativas, se busca que la supervisión de los sistemas de IA recaiga en manos de personas, en lugar de confiar en la automatización total.
Además, el Parlamento busca establecer una definición uniforme y tecnológicamente neutral de la IA, que pueda aplicarse a futuros sistemas. Esto permitirá tener una base sólida para evaluar y regular las diversas aplicaciones de la IA. La nueva normativa también establece obligaciones específicas para los proveedores y usuarios de la IA, en función del nivel de riesgo que presente cada sistema. Incluso aquellos sistemas de IA que representen un riesgo mínimo deberán ser evaluados de manera exhaustiva.
Con esta ambiciosa legislación, la UE se posiciona a la vanguardia en la regulación de la inteligencia artificial, buscando aprovechar todos los beneficios que esta tecnología puede ofrecer, sin descuidar la seguridad, la transparencia y la protección de los derechos de los ciudadanos.